En un análisis del enunciado de
la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, diría que es enrevesado, ya que
el nombre que se le pretende dar “la sostenibilidad y racionalidad de la
Administración Local”, nada tiene que ver con la letra pequeña de la norma,
pues con estos preceptos que se postulan, ni podrá ser sostenible ni podrá ser racional,
va contra natura.
El Anteproyecto de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, nace ya con unos principios
economicista, restrictivo, mercantilista, engañoso, falto de dialogo social y
visos de inconstitucionalidad, por lo que nos hace reflexionar que eso no es
bueno para los ciudadanos, ni para las relaciones laborales y sociales, pues a la
larga y a la corta nos llevarà a una confrontación a todos los niveles nada
halagüeña.
Hagamos una reflexión
pormenorizada:
El principio economicista, ya que
los Servicios Públicos que deben ser prestados por la Institución mas cercana
al ciudadano con la garantía de públicos, gratuitos y universales, van
impregnados de costes “estándares”, mal planteado por parte del Gobierno de la
Nación, que arremete con fuerza en contra de las prestaciones sociales
que “un pueblo” necesita.
El principio restrictivo, pues la
reforma va cargada de “tinta negra”, ya que limita el numero de municipios en
base a la población ( la desaparición de aquellos de menos de 5.000 habitantes,
de entidades menores, empresas publicas, etc.), en definitiva la
reestructuración del Sector Publico Local, acotando la Ley Electoral, la
Democracia, la Soberanía Local y su Autonomía.
Principio mercantilista, la
Reforma se centra en un “mercadeo barriobajero”, tiene el descaro de asaltar
las Arcas Públicas y vender al mejor postor los Servicios Públicos, lo que hace
que un Ayuntamiento pierda competencias, ya que estos son los que deben
garantizar y gestionar los mismos.
Por otro lado la reforma es
engañosa al no mencionar nada con respecto a la financiación hacia las
Corporaciones Locales por los Servicios que gestionen en base a sus competencias.
La reforma incita a que el Alcalde puede considerarse un mero gestor de unos
Servicios marcados por la Administración Central, por lo que las ideas e
ideologías políticas pasan a un segundo plano.
Esto es lo que pretenden desde el
Gobierno de Mariano Rajoy, con estas políticas y directrices neoliberales que prima
el capital privado por encima de los intereses generales, intentan acabar con
las ideologías de izquierdas. La gran diferencia es que las políticas de
izquierda las marca un Proyecto Político que implanta e impulsa Políticas Públicas Locales en favor de una
mejor gestión de lo Público resolviendo eficazmente las necesidades y demandas sociales,
haciendo de estos Servicios algo compartido y propio, ya que emanan de la
propia sociedad.
Por ultimo la falta de coherencia
en el Proyecto de la Reforma, al obviar tajantemente el diálogo social. Como sabemos
la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pretende la movilidad funcional
y geográfica de los trabajadores/as Locales en cuanto se traspasa las competencias
(servicio y personal) por los principios emanados de la propia norma.
Por otro lado, la duda que se
plantea sobre la sostenibilidad del Empleo Público y de los Servicios Públicos
de las Corporaciones que asumen las nuevas competencias, ya que cabría el sobredimensionamiento
de la Corporación afectada, pudiendo darse la cruda realidad de la privatización
de Servicios Públicos y como consecuencia la aplicación de la reforma laboral a
sus trabajadores/as.
La Reforma tiene visos de
confrontar directamente con el Estatuto de Autonomía de Andalucia, con la
Constitución Española en sus principios esenciales así como con la Ley 5/2010
de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) que en su desarrollo
concreta, especifica, y completa el listado de competencias propias de los municipios.
Secretaría de Administración Local de la FSP-UGT Andalucía
