Decir a estas alturas que España ha entrado en una auténtica espiral de recortes es una obviedad. Decir que estos recortes fundamentalmente se centran en la esfera de lo que son los servicios públicos, también. Decir que estos son necesarios…al menos genera una cierta controversia, así como el hecho de que los recortes afectan a todos los ciudadanos por igual. Esto último no sólo no es cierto, sino que no lo cree nadie.
Lo que es de conocimiento popular es el origen de los recortes: los mercados, que imponen la exigencia de reducción del déficit. De ahí que se haya disparado este afán desmedido en recortar…pero ¿recortar es ahorrar?, según opinión de Cristóbal Molina Navarrete -prestigioso catedrático de Derecho del Trabajo de nuestro país- no. Quien recorta, deja de prestar un servicio público, lo que literalmente hace es eso: dejar de hacer. El ahorro consiste en conseguir una gestión eficiente que dé servicio con menos presupuesto. Controlar, por ejemplo, las cuantiosas multas y condenas de las distintas Administraciones Públicas por mala gestión o perjuicios que suponen un gasto y pagamos los ciudadanos y las ciudadanas con nuestros impuestos. Porque, desde un punto de vista lógico, si se continúa recortando servicios que prestan las Administraciones Públicas, cabría plantearse una consecuente reducción de los gobiernos, ya que no habría administración que administrar (¿qué gestionarían?). Y la pregunta que todos y todas deberíamos hacernos: si con los mismos impuestos antes se nos prestaba un servicio y ahora no, ¿a dónde ha ido ese impuesto? ¿qué financiamos con ellos, si no son nuestros servicios públicos?
Como decía, hay controversia en cuanto a la necesidad de aplicar los recortes. Y es que es cierto que los mercados imponen la reducción del déficit público, pero no dictan cómo ha de hacerse esa reducción. En España tenemos una clara demostración de esto: los recortes aplicados a través de la congelación de las pensiones, a la sanidad y la dependencia, educación y servicios sociales, han supuesto una reducción del déficit de 32.800 millones de euros, a lo que ha de añadirse el coste social y humano que conlleva el total de servicios que se dejan de prestar a la ciudadanía y que, como ya he dicho, bajo la óptica del profesor Molina Navarrete y la mía propia, no es ahorro, sólo reducción de servicios, reducción del estado de bienestar en definitiva.
Por el contrario, es sabido que en España el fraude fiscal es altísimo y se estima que el 70% del mismo radica en la gran patronal, la banca y las grandes fortunas. Una política de control del fraude fiscal habría reportado a las arcas públicas 188.000 millones de euros. Una subida de impuestos que afectara a las grandes rentas (Impuesto Patrimonio, Sucesiones, Sociedades) o el subsidio a la Iglesia Católica para la docencia de clases de religión en los colegios o el gasto en equipamiento militar, hubieran supuesto ingresos al estado de forma sostenible en el tiempo, que habrían evitado el drástico recorte del estado del bienestar en nuestro país o lo que es lo mismo, que las clases populares, casi de inmediato, comiencen a pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos.
Por tanto y teniendo en cuenta las cifras anteriores, las decisiones políticas de recorte no han supuesto la mejor opción para proporcionar ingresos al Estado y sus CC.AA. Otras decisiones como las apuntadas habrían supuesto una posición financiera más holgada a nuestro país y la ciudadanía no habría visto reducidos los servicios públicos gratuitos que percibe. Otra forma de comprobar el efecto de estas malas políticas de reducción del déficit o políticas de recorte es observando el mapa autonómico de la conflictividad social.
Examinando cada CC.AA., nos encontramos que no en todas la situación es igual. Dos de las tres grandes CC.AA. de nuestro país (Madrid y Barcelona), presentan un elevado nivel de conflictividad: en Madrid el recorte en educación de más de 4.000 profesores dejados de contratar ha originado una extensa y prolongada huelga, popularmente conocida como “marea verde”, que cuenta con el apoyo de los colectivos de profesores, padres y alumnos; en Cataluña los recortes en sanidad por el cierre de hospitales amenaza con una huelga indefinida de médicos, en una situación que se radicaliza tras los recortes en las pagas extraordinarias, salarios y la inactividad de las instalaciones.
Sin embargo, la tercera y mayor Comunidad Autónoma de todas, Andalucía, con la misma financiación que el resto de CC.AA., tiene menos déficit, menos endeudamiento (*) y más gasto y derechos sociales que las anteriores, lo que se visualiza en el nivel de conflictividad social: un curso escolar que se ha iniciado sin incidencias y una sanidad pública sin conflicto laboral. A esto hay que sumar que el gobierno andaluz acometió una reestructuración del sector público, regulada mediante Decreto Ley, que se ha saldado con una reducción de aproximadamente 1.500 altos cargos y personal directivo, decisión ésta que seguramente explique cómo se ha podido afrontar una reestructuración de tal calibre manteniendo el empleo en el sector.
Esto nos habla de que las decisiones políticas influyen más que la lógica matemática a la hora de recortar y que cuando se adoptan estas decisiones de recortes que suponen mayores costes por menores servicios para la ciudadanía se está, desde los gobiernos, evitando adoptar medidas que afecten a la banca, las grandes fortunas y las grandes empresas debido a que estas, indudablemente (qué otra explicación hay), tienen una mayor influencia sobre el estado y los gobiernos de las CC.AA. que las clases populares, que son quienes están injustamente asumiendo el peso de la crisis y los recortes.
Y llegamos a la clave: en democracia no debería haber una clase social con mayor peso en la política por el mero hecho de ostentar el poder económico. No debería digo, pues en democracia el poder lo ostenta el pueblo, la ciudadanía. Sin embargo, el sentido reducido que se le ha querido dar a nuestra democracia, limitando la expresión de la soberanía popular tan sólo al sufragio electoral, favorece el que esta situación sea así. Los ciudadanos y las ciudadanas realmente no participamos: sugiriendo, criticando, decidiendo o finalmente protestando. Se ha extendido la idea de que para el mantenimiento de nuestro sistema democrático, el ciudadano sólo debe acudir a las urnas, obviando otras formas de participación a través de instituciones democráticas, que o bien se abandonan o se dejan en desuso, desde los distintos gobiernos, llegando incluso a suprimirse (por ejemplo, el Defensor del Pueblo en Castilla La Mancha). En estos tiempos difíciles, se detecta la falta generalizada de una cultura participativa democrática, que podría dar salida a situaciones límite en lo social.
Es en este punto donde las organizaciones sindicales somos clave: en el reequilibrio de poder entre clases, haciendo que la voz de los trabajadores y de la ciudadanía tenga incidencia en las decisiones políticas. Otra forma de participación, de expresión de voluntad popular, son las distintas formas de movilización e incluso de conflicto. De esta forma se explica el porqué somos blanco de ataques políticos, sin ser organizaciones políticas: porque para que los políticos puedan adoptar decisiones impopulares y carentes de responsabilidad social es mejor hacerlo sin testigos, sin la voz de la conciencia social y de la denuncia que suponemos las organizaciones sindicales. Además, y en esto hay experiencia, algunos políticos tienen memoria de lo que ha supuesto la protesta organizada de las mayores organizaciones sociales de nuestro país, los sindicatos, cuya amplia base social en plena crisis, no ha hecho más que crecer.
Saben de lo que es capaz el pueblo unido y organizado, por eso intentan anularnos desde lo político, errando el tiro pues nuestra base y existencia está en la sociedad y en su tejido laboral. Y es difícil acabar con eso, porque es difícil acabar con trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas informados, concienciados y responsables, que reclaman sus derechos en la calle. Porque cuando la razón nos asiste, no hay conflicto que nos exceda, pues a los ciudadanos y las ciudadanas, ante la quiebra política, nos queda la calle…porque ganar la calle es ganar.
*Endeudamiento por Comunidad Autónoma en € /por habitante:
Cataluña………. 5.100€/hab.
Valencia………..4.000€/hab.
Galicia……………2.470€/hab.
Madrid…………..2.280€/hab.
Andalucía……1.600€/hab.
María del Carmen Barrera Chamorro
Secretaria de Acción Sindical FSP-UGT
