Desde las Secciones sindicales de CC.OO., UGT, ATMJ y CTP, que
conformamos el 53% de la representatividad en la plantilla municipal, queremos
poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
El pasado día 13 de mayo de
2013, estos sindicatos mantuvimos una reunión con el Sr. Director Gral. de
Admón. Local de la Junta de Andalucía, D. Antonio Maillo Cañadas , competente en las
directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las
administraciones locales.
En la misma, pusimos en su conocimiento,
por escrito, gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el gobierno
municipal en materia de personal mediante actuaciones “Absolutamente arbitrarias” amparadas en informes, a nuestro
entender, confeccionados a tal fin. Informes que, en algunos casos, benefician directamente al que lo suscribe
y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según venga bien aplicar
un criterio o el contrario en los diversos expedientes; todo ello es una demostración clara de la arbitrariedad con la que el
gobierno municipal está actuando y la
dejación de responsabilidad y aprovechamiento particular en la aplicación de los criterios que se
mantienen en los citados informes. La gravedad es de tal magnitud que de estas
actividades pudieran derivarse acciones penales. Cuestión que está siendo
estudiada por parte de estas secciones sindicales.
Por otro lado, durante este encuentro se
nos confirmó lo que ya sospechábamos, que
la Alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se
había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente el
Sr. Director Director Gral. de Admón. Local. Asimismo la Dirección General, en
virtud de sus competencias, nos facilitarían cuanta información y documentación
se le requiera.
Al mismo tiempo D. Antonio Maillo Cañadas reconoció
que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias ante la Delegación Provincial sobre los
extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para
interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales
competentes.
Así mismo, pudimos comprobar cómo la Junta de
Andalucía desconoce la realidad de las
actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el
ayuntamiento es intencionadamente
parcial, sesgada y manipulada, con
patente incumplimiento de la obligación de transparencia.
La obstinada realidad del día a día en la gestión de
recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus
decisiones y se evidencia que somos incómodos cuando algunos de los delegados
sindicales, al parecer, estamos en el “punto de mira “.
