COMUNICADO CONJUNTO

Desde las Secciones sindicales de CC.OO., UGT, ATMJ y CTP, que conformamos el 53% de la representatividad en la plantilla municipal, queremos poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

El pasado día 13 de mayo de 2013, estos sindicatos mantuvimos una reunión con el Sr. Director Gral. de Admón. Local de la Junta de Andalucía, D. Antonio Maillo Cañadas , competente en las directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las administraciones locales. 

En la misma, pusimos en su conocimiento, por escrito, gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el gobierno municipal en materia de personal mediante actuaciones “Absolutamente arbitrarias” amparadas en informes, a nuestro entender, confeccionados a tal fin. Informes que, en algunos casos, benefician directamente al que lo suscribe y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según venga bien aplicar un criterio o el contrario en los diversos expedientes; todo ello es una demostración  clara de la arbitrariedad con la que el gobierno municipal está actuando y  la dejación de responsabilidad y aprovechamiento particular  en la aplicación de los criterios que se mantienen en los citados informes. La gravedad es de tal magnitud que de estas actividades pudieran derivarse acciones penales. Cuestión que está siendo estudiada por parte de estas secciones sindicales.

Por otro lado, durante este encuentro se nos confirmó lo que ya sospechábamos, que la Alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente el Sr. Director Director Gral. de Admón. Local. Asimismo la Dirección General, en virtud de sus competencias, nos facilitarían cuanta información y documentación se le requiera.

Al mismo tiempo D. Antonio Maillo Cañadas reconoció que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias  ante la Delegación Provincial sobre los extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Así mismo, pudimos comprobar cómo la Junta de Andalucía desconoce la  realidad de las actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el ayuntamiento es  intencionadamente parcial, sesgada y manipulada, con  patente incumplimiento de la obligación de transparencia.

La obstinada realidad del día a día en la gestión de recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus decisiones y se evidencia que somos incómodos cuando algunos de los delegados sindicales, al parecer, estamos en el “punto de mira “.