NO SIN MI PUEBLO

En un análisis del enunciado de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, diría que es enrevesado, ya que el nombre que se le pretende dar “la sostenibilidad y racionalidad de la Administración Local”, nada tiene que ver con la letra pequeña de la norma, pues con estos preceptos que se postulan, ni podrá ser sostenible ni podrá ser racional, va contra natura.

El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, nace ya con unos principios economicista, restrictivo, mercantilista, engañoso, falto de dialogo social y visos de inconstitucionalidad, por lo que nos hace reflexionar que eso no es bueno para los ciudadanos, ni para las relaciones laborales y sociales, pues a la larga y a la corta nos llevarà a una confrontación a todos los niveles nada halagüeña.

Hagamos una reflexión pormenorizada:

El principio economicista, ya que los Servicios Públicos que deben ser prestados por la Institución mas cercana al ciudadano con la garantía de públicos, gratuitos y universales, van impregnados de costes “estándares”, mal planteado por parte del Gobierno de la Nación, que arremete con fuerza en contra de las prestaciones sociales

que “un pueblo” necesita.

El principio restrictivo, pues la reforma va cargada de “tinta negra”, ya que limita el numero de municipios en base a la población ( la desaparición de aquellos de menos de 5.000 habitantes, de entidades menores, empresas publicas, etc.), en definitiva la reestructuración del Sector Publico Local, acotando la Ley Electoral, la Democracia, la Soberanía Local y su Autonomía.

Principio mercantilista, la Reforma se centra en un “mercadeo barriobajero”, tiene el descaro de asaltar las Arcas Públicas y vender al mejor postor los Servicios Públicos, lo que hace que un Ayuntamiento pierda competencias, ya que estos son los que deben garantizar y gestionar los mismos.

Por otro lado la reforma es engañosa al no mencionar nada con respecto a la financiación hacia las Corporaciones Locales por los Servicios que gestionen en base a sus competencias. La reforma incita a que el Alcalde puede considerarse un mero gestor de unos Servicios marcados por la Administración Central, por lo que las ideas e ideologías políticas pasan a un segundo plano.

Esto es lo que pretenden desde el Gobierno de Mariano Rajoy, con estas políticas y directrices neoliberales que prima el capital privado por encima de los intereses generales, intentan acabar con las ideologías de izquierdas. La gran diferencia es que las políticas de izquierda las marca un Proyecto Político que implanta e impulsa Políticas Públicas Locales en favor de una mejor gestión de lo Público resolviendo eficazmente las necesidades y demandas sociales, haciendo de estos Servicios algo compartido y propio, ya que emanan de la propia sociedad.

Por ultimo la falta de coherencia en el Proyecto de la Reforma, al obviar tajantemente el diálogo social. Como sabemos la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pretende la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores/as Locales en cuanto se traspasa las competencias (servicio y personal) por los principios emanados de la propia norma.

Por otro lado, la duda que se plantea sobre la sostenibilidad del Empleo Público y de los Servicios Públicos de las Corporaciones que asumen las nuevas competencias, ya que cabría el sobredimensionamiento de la Corporación afectada, pudiendo darse la cruda realidad de la privatización de Servicios Públicos y como consecuencia la aplicación de la reforma laboral a sus trabajadores/as.

La Reforma tiene visos de confrontar directamente con el Estatuto de Autonomía de Andalucia, con la Constitución Española en sus principios esenciales así como con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) que en su desarrollo concreta, especifica, y completa el listado de competencias propias de los municipios.

Secretaría de Administración Local de la FSP-UGT Andalucía